La Ley Calles y la Suspensión de Cultos en el Bajío
La Ley Calles y la suspensión de cultos en el Bajío se abordan desde una mirada histórica y documental que explica los antecedentes de la relación entre Iglesia y Estado en México, desde el Virreinato hasta los años previos a la Guerra Cristera. Desde la llegada de Cortés y los primeros frailes en 1524, la Iglesia adquirió un papel central en la vida social mediante la fundación de hospitales, escuelas, universidades, misiones y obras de asistencia, mientras que durante tres siglos Iglesia y Corona operaron unidas bajo el sistema del Patronato Real. Tras la Independencia en 1821, México mantuvo inicialmente el carácter oficial de la religión católica, pero los gobiernos liberales del siglo XIX —especialmente con Gómez Farías, Juárez y Lerdo de Tejada— impulsaron leyes de reforma, la desamortización de bienes eclesiásticos, el matrimonio civil obligatorio y la prohibición del fuero eclesiástico, sentando así las bases de futuros conflictos.
Con la Revolución y la Constitución de 1917, se incorporaron artículos considerados restrictivos para la Iglesia: el 3º sobre educación laica, el 24 sobre la regulación del culto público, el 27 sobre la propiedad de bienes religiosos y el 130 sobre las limitaciones al clero y la prohibición de su participación política. Estos artículos se aplicaron con mayor rigor durante los gobiernos posrevolucionarios, especialmente con Álvaro Obregón y, posteriormente, Plutarco Elías Calles, decidido a consolidar un Estado laico fuerte y centralizado.
El 14 de junio de 1926, Calles promulgó la llamada Ley de Tolerancia de Cultos, conocida popularmente como “Ley Calles”, que establecía el registro obligatorio del clero, prohibía su participación política, permitía al Estado controlar el número de sacerdotes y ordenaba la disolución de órdenes religiosas. En respuesta, el Episcopado Mexicano suspendió los cultos públicos a partir del 31 de julio de 1926 en un intento de búsqueda pacífica de soluciones, pero las tensiones derivaron en el levantamiento armado conocido como Guerra Cristera (1926–1929).
En el Bajío y particularmente en León, estos procesos tuvieron un impacto profundo. La inundación de León de 1926 dejó a más de 5,900 personas sin hogar, y tanto la Iglesia como el gobierno federal —incluido el presidente Calles— enviaron ayuda inmediata. Paralelamente, se organizó de forma clandestina la práctica del culto: sacerdotes y laicos mantuvieron los sacramentos en secreto pese a la vigilancia. Se documentan también los primeros mártires locales, con casos verificados de fusilamientos en 1927, como el del padre Andrés Solá, Leonardo Pérez y el padre J. Isabel Salinas (“Claros de Anda”), cuyas historias forman hoy parte de la memoria religiosa y civil del Bajío. A ello se suma una amplia movilización social expresada en boicots económicos, una prensa local crítica y la participación de asociaciones como la Acción Católica de la Juventud Mexicana. Todo esto abre la puerta a lecturas críticas y a lo que algunos llaman “la otra historia”: una historiografía que, frente al relato liberal dominante desde el siglo XIX, reconoce el papel social de la Iglesia y propone equilibrar la visión oficial, invitando a revisar diversas fuentes con método histórico y ética profesional.
Referencias bibliográficas.
Información obtenida directamente del Archivo Histórico Municipal de León